El teléfono móvil, una herramienta omnipresente en nuestras vidas, se ha convertido en un potente medio para ubicar a individuos en situaciones legales comprometidas. Las fuerzas de seguridad del Estado emplean esta tecnología para recopilar pruebas incriminatorias, evidenciando su relevancia en casos judiciales como el del pederasta de Ciudad Lineal o el de Diana Quer.
La infraestructura de la red telefónica posibilita el rastreo de sospechosos por parte de la Policía o la Guardia Civil. Sin embargo, este seguimiento requiere de indicios sólidos que justifiquen la intervención, como la amenaza a la integridad física o sexual de una persona, lo que conlleva la autorización de un juez para que las operadoras compartan datos de localización. Este procedimiento se aplica en casos de desapariciones, homicidios o para establecer la ubicación de un individuo en un momento específico.
El caso del presunto pederasta de Ciudad Lineal ilustra cómo el móvil de Antonio Ortiz estaba presente en las zonas donde se cometieron los delitos y apagado durante las horas de las agresiones, una táctica para evitar el rastreo. Sin embargo, incluso en modo avión, si el wifi está activado, el teléfono sigue buscando conexiones automáticas con antenas para recibir datos, facilitando su localización.
Las antenas de telefonía, distribuidas de manera no uniforme, registran los dispositivos conectados para dirigir las llamadas eficientemente. La localización es más precisa en entornos urbanos debido al mayor número de antenas, mientras que en áreas rurales, con menos infraestructura, los márgenes de error son mayores.
La proliferación de antenas en la ciudad, determinada por la topografía y la densidad de edificaciones, permite un seguimiento con un margen de error de pocos metros. Esto posibilita conocer la rutina de una persona e incluso predecir sus movimientos habituales. Además, las redes sociales complementan esta capacidad de geolocalización, proporcionando datos precisos con una tolerancia de unos 10 metros.
Para realizar un seguimiento en tiempo real, se requiere una orden judicial que autorice la intervención de las comunicaciones, distinta de la solicitud de datos de posicionamiento. Este proceso asegura el equilibrio entre la protección de la privacidad y el cumplimiento de la ley en la utilización de la tecnología móvil con fines judiciales.